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13 de diciembre 2016

Pymes ante la corrupción en el Estado: 6 claves para prevenir problemas

¿Tu pyme provee a la administración pública? La Oficina Anticorrupción elaboró un proyecto de ley sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas ante prácticas corruptas. Claves para prepararse y evitar problemas.
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Existe una tendencia global Para las pymes que ya tenían un firme compromiso con valores éticos será un premio: ser íntegro puede pasar a ser un buen negocio. creciente a responsabilizar económicamente a las empresas que participan de prácticas corruptas, pero el impacto de esta tendencia había sido, hasta ahora, muy limitado en la Argentina. Solo las filiales locales de grandes multinacionales parecían preocuparse por el riesgo de ser multadas (generalmente, por autoridades extranjeras).

Esa realidad está a punto de cambiar. Tal como ya está sucediendo en otros países de la región (Chile y Brasil a la cabeza, seguidos por Perú y Colombia), la Argentina se propone multar a las compañías argentinas cuando se compruebe que uno de sus integrantes pagó sobornos a un funcionario o lo llevó a participar de un negocio corrupto.

La Oficina Anticorrupción elaboró un proyecto de ley que establece multas de hasta el 20 % de los ingresos de la compañía, junto con otras sanciones de naturaleza penal, como el retiro de beneficios estatales, la prohibición de participar de compras públicas, la suspensión del goce de patentes y marcas y, en casos extremos, la suspensión o cancelación de la personería jurídica.

Como es común en esta clase de leyes, el objetivo principal no es aplicar efectivamente estas duras sanciones, sino incentivar a las empresas a adoptar prácticas preventivas. Las que hayan establecido políticas internas de integridad –por ej., un código de conducta, una línea interna de denuncias, capacitación permanente en ética corporativa– pueden usarlas como defensa en caso de verse involucradas en un escándalo, obteniendo una importante reducción (y eventualmente el perdón) de las sanciones.

El plan implica reducir las chances de que puedan pagarse sobornos en la interacción público-privada en la Argentina (a nivel nacional, provincial y municipal). Con la nueva regulación, las grandes compañías de capitales nacionales tendrán ahora una presión similar a las multinacionales.

Pero las pymes también serán alcanzadas, pues la responsabilidad por la participación en prácticas corruptas puede recaer sobre cualquier sociedad comercial (e incluso sobre fundaciones y asociaciones civiles). El proyecto incluso las considera expresamente y contiene previsiones destinadas a asegurar una aplicación diferenciada.

Aquí van algunas claves sobre el impacto de esta nueva regulación sobre las pymes, y recomendaciones para absorber ese impacto y prepararse para el nuevo entorno:

1) Adaptarse a una nueva realidad. Los dueños de las empresas pequeñas y medianas deben ser conscientes de que esta ley implica un cambio en las reglas del juego. Deben conocer sus riesgos de corrupción y hacer algo al respecto (por ejemplo, en la interacción con autoridades aduaneras, impositivas, regulatorias).

2) Pensar soluciones a la medida de sus riesgos. El proyecto no busca imponer a las empresas un único recetario de medidas preventivas. Espera que cada una elija las que sean adecuadas para su dimensión y sus riesgos. Aquellas que sean capaces de identificar con mayor agudeza qué interacciones presentan peligro real podrán pensar las herramientas más efectivas al más bajo costo.

3) Pequeñas soluciones para pequeñas compañías. Las pymes no necesitan adquirir soluciones enlatadas de Compliance (término internacional utilizado para los programas de integridad), pensadas para grandes estructuras. En compañías con una dotación de personal reducida, pequeñas inversiones hechas con ingenio pueden hacer la diferencia. Por ejemplo, un sintético pero claro decálogo ético comunicado con insistencia a todos puede ser mucho más útil que una hotline de denuncias anónima tercerizada (que los empleados tomarán a risa si se conocen entre sí y tienen la posibilidad de hablar con el dueño directamente cuando surge un problema).

4) El propietario puede ser su propio oficial de cumplimiento. Aquel que haya sido capaz de identificar por sí mismo los riesgos, e influir directamente para evitarlos, no necesitará incorporar un experto. Puede requerir apoyo externo ocasional para el diseño de una medida, pero hará un uso más inteligente de ese apoyo (y lo pagará más barato) si es el primero en saber qué tiene que hacer para cuidar a la empresa.

5) Usar las políticas internas como una "excusa" para no pagar sobornos. Decir que NO ante un pedido indebido puede ser difícil para una empresa sin una gran espalda económica. Contar con políticas internas a la medida de la exigencia legal le da tonicidad a la musculatura ética. "Las políticas de la empresa lo impiden" puede ser una salida elegante ante un requerimiento equívoco de una autoridad estatal.

6) Aprovechar las consideraciones específicas para las pymes. El proyecto es más exigente con las empresas grandes que con las pymes, en cuanto a la actuación corrupta de terceras partes (representantes comerciales, distribuidores, o despachantes, por ejemplo). Así, al invertir recursos en cumplimiento, las pymes pueden privilegiar una mirada hacia adentro y obrar menos presionadas a la hora de elegir socios de negocios.

En definitiva, como toda nueva presión regulatoria, el proyecto presenta desafíos para las pymes. Sacarán ventaja aquellas que sean capaces de adaptarse y convertir la presión en oportunidad y los costos de cumplimiento en inversión, para contar con un verdadero diferencial competitivo. Para las que ya tenían un firme compromiso con valores éticos será un premio: ser íntegro puede pasar a ser un buen negocio.

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